Las manifestaciones poselectorales 2018

Político.mx/Cortesía

Por Ana Loredo

Los procesos democráticos, cuando se encuentran oscurecidos por la sombra del escepticismo y desconfianza de la ciudadanía, traen consigo tiempos tensos y temor.  A esto le podemos agregar la aprobación de la Ley de Seguridad Interior (avalado por 71 votos a favor, 34 en contra y tres abstenciones) el 15 de diciembre de 2017, la cual  levantó sospechas de un posible fraude en las elecciones presidenciales y represión a las manifestaciones que se pueden desencadenar.

La respuesta ante las protestas post-electorales

Ante la polémica ley,  la preocupación de ciudadanos, instituciones y organizaciones no gubernamentales se ha centrado en la posibilidad del uso excesivo de la fuerza, y su legitimización, en las manifestaciones que se prevén en julio, a raíz de las elecciones. En un intento por atenuar el temor, en el articulo siete se expresa que “los actos realizados por las autoridades con motivo de la aplicación de esta Ley deberán someterse, en todo momento y sin excepción, a la preservación irrestricta de los derechos humanos y sus garantías, de conformidad con los protocolos emitidos por las autoridades correspondientes”. Pese a lo proclamado en el artículo,  no ha sido  suficiente para convencer a la ciudadanía, no sin medidas solidas para hacer respetar los derechos humanos, especialmente en México, el país que en 2014 obtuvo el primer lugar en denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos[1], mismo año en los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecieron por la presuntamente complicidad de policías federales y el ejército.

El articulo ocho continua: “las movilizaciones de protesta social o las que tengan un motivo político-electoral que se realicen pacíficamente de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanosbajo ninguna circunstancia serán consideradas como Amenazas a la Seguridad Interior, ni podrán ser materia de declaratoria de protección a la seguridad interior”.

Retrocediendo  seis años, al primero de diciembre de 2012, en la toma de protesta de Peña Nieto. El periódico extranjero El Mundo denunció que “al menos 22 personas fueron detenidas de manera arbitraria y cuatro sufrieron tortura (…) una parte de los asistentes se manifestó de manera pacífica y otros grupos arrojaron a la policía piedras, palos con llamas encendidas y petardos, además de que arremetieron contra comercios y monumentos en el centro histórico de Ciudad de México”.  Esto nos lleva a cuestionarnos: ¿es aceptable desplegar la fuerza policial indiscriminadamente sobre la totalidad de los manifestantes por el acto de provocación y violencia de unos cuantos? Sí para el ejecutivo la respuesta es si, no habrá ninguna manifestación pacífica de motivos políticos y electorales en el país.  Cualquier disturbio provocado de manera aislada por un individuo, o un par de individuos,  dará pie a que se catalogue a toda la manifestación como una “amenaza a la seguridad interior” permitiendo que al ejército, poseedor de una fuerza superior, manejar la situación.

La subordinación del poder Judicial al Ejecutivo

La separación de poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) permite un balance entre ellos, evitando que el poder se acumule en las manos de una sola persona (como el presidente) o un grupo de personas, regulando sus funciones entre sí. Pero los artículos 11 y 16 rompen el balance de poderes eliminando la regulación del Legislativo sobre el Ejecutivo y subordinando al Judicial a los decretos del presidente en turno. El artículo 11 al establecer que el presidente de la República podrá ordenar por sí o a petición de las legislaturas de las Entidades Federativas una intervención del Ejército y la Marina en zonas de conflicto al identificarse amenazas a la seguridad interior y el artículo 16  permitiendo al Presidente de la República, “bajo su estricta responsabilidad”, ordenar acciones inmediatas de las Fuerzas Armadas.  Esto último debería significar que se puede juzgar al presidente en caso de que las acciones que haya ordenado infringieran los derechos humanos de los mexicanos, en el caso más extremo provocara la muerte de uno o más ciudadanos, pero la posibilidad de eliminar el fuero presidencial no se contempla en la Ley.

De acuerdo con Montesquieu “Cuando el poder judicial no está separado del poder legislativo y del ejecutivo (…) Estando unido al primero, el imperio sobre la vida y la libertad de los ciudadanos sería arbitrario, por ser uno mismo el juez y el legislador y, estando unido al segundo, sería tiránico, por cuanto gozaría el juez de la fuerza misma que un agresor[2].” Continuando con la línea de pensamiento de Montesquieu,  la Ley de Seguridad Interior es otorgarle al presidente las facultades de Juez con la libertad de usar impunemente la fuerza de un agresor y vulnerar los derechos del mexicano durante la manifestación social.

Atrás en el 68, la manifestación de estudiantes se consideró una “amenaza a la seguridad interior”,  utilizando el término de la nueva Ley, y concluyó en una masacre que ha generado que cada año se grite en las calles: “Dos de octubre no se olvida”. Esperemos que en el futuro la Ley de Seguridad Interior no inscriba en la historia nacional más fechas para no olvidar.

 

[1] Roldán, N. (2015). “México, el país con más denuncias de violaciones de derechos ante la CIDH”. [online] Animal Político. Disponible en: http://www.animalpolitico.com/2015/05/mexico-el-pais-con-mas-denuncias-de-violaciones-de-derechos-ante-la-cidh/

[2] Montesquieu. El espíritu de las leyes. 1748