¿Es conveniente que se armen los sinaloenses como medida de autoprotección ante la violencia?

Cortesía.

Por Iliana del Rocío

Elafiche.mx/ En contextos donde los ciudadanos son constantemente victimizados, la búsqueda de la seguridad y justicia por “propia mano” se presenta como una alternativa de acción que es hasta cierto punto comprensible. El miedo a la inseguridad y la impotencia ante la impunidad provocan reacciones evasivas en algunos, pero a otros los motivan a actuar de manera privada (para su autoprotección y autodefensa) o de manera colectiva (en grupos de cuidado, autodefensa o incluso justicieros).

En las entrevistas que realicé hace un par de años para el estudio de Geografías de la Violencia Urbana en Culiacán, encontré que los empresarios desarrollan diversas estrategias ante este problema; las más comunes fueron las de autocuidado a través de medidas de prevención de la inseguridad, y de autodefensa, mediante acuerdos con criminales para proteger sus espacios o incluso para que identifiquen y castiguen a los delincuentes. Entre los empresarios y sus empleados, ninguno reconoció portar armas, pero algunos sí declararon tener relación con quienes las utilizan (criminales) y sentirse protegidos por ellos.

Sin embargo, las reglas de la violencia en Sinaloa parecen haber cambiado durante las últimas fechas. La falta de organización de las autoridades formales y también de las de facto –con el posible rompimiento de los códigos del narcotráfico- ha generado un clima de incertidumbre en el que los habitantes se sienten todavía más expuestos. Sucesos como los asesinatos de jóvenes en bares y restaurantes han dado muestras de que la situación se ha salido totalmente del control de quienes ostentaban el dominio del orden.

El hartazgo ciudadano está en ebullición. En este sentido, algunas voces han apelado a su derecho de portación de armas para la autodefensa, pero también, de manera riesgosa, ciertos grupos han planteado reunirse para defender sus espacios ante los delincuentes en la ausencia de orden público.  ¿Es conveniente que se armen los sinaloenses como medida de autoprotección ante la escalada de violencia?

El Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, la organización México Evalúa, Enjambre Digital, y México S.O.S, a través de la campaña #MéxicoSinHomicidios han llamado a los gobiernos estatales y locales, y a las autoridades federales ha llevar a cabo medidas de prevención para reducir la alta tasa de homicidios en el país, y así también a intensificar los programas de desarme y de regulación de armas.

Estas asociaciones acompañan sus argumentos con cifras, entre estas resaltan que el 65.33 porciento de los homicidios en el país se cometieron con armas fuego, y la portación de armas legales en los hogares mexicanos durante los últimos años se ha incrementado en un 60 porciento sin que esto haya significado una reducción de la criminalidad; un mayor número de armas no ha derivado en mayor disuasión a la actuación de los delincuentes.

Por su parte, organizaciones internacionales como Igarapé han estudiado la relación entre la abundancia de armas en América Latina, provenientes casi todas de Estados Unidos, y los altos índices de homicidios en una región con serias debilidades institucionales y Estado de derecho debilitado. El porcentaje de homicidios cometidos con armas de fuego es significativamente más alto en AL, mientras que la media global es de 41 porciento, en Sudamérica es de 59 por ciento y en Centroamérica es de 73 por ciento (en México, como cité arriba, es de 65.33 porciento, y en Sinaloa, según datos de Ver por Sinaloa, es de 85 porciento). La situación de la región es singular respecto al resto del mundo, debido a las tendencias de impunidad, escazas capacidades para el control y regulación de armas, y niveles de corrupción que afectan hasta en las decisiones más cotidianas.

América Latina es una de las mayores regiones consumidoras de armas estadounidenses. Sólo en nuestro país, entre el 2010 y el 2015 la exportación de armas para uso civil desde EU creció 330 porciento. México y Colombia reciben juntos el 45 porciento de las exportaciones que realizan nuestros vecinos del norte. El estudio “The Way of the Gun: Estimating Firearms Trafficking across the US–Mexico Border” de Topher L. McDougal, David A. Shirk, Robert Muggah, y John H. Patterson, así como los datos del Centro Nacional de Rastreo (NTC) de los Estados Unidos han documentado el nexo entre armas provenientes de ese país y la violencia en México.

La proliferación de armas para el mercado legal – protección y autoprotección – no ha derivado en reducción de la criminalidad, y sí ha generado mayores riesgos para la integridad de las personas. En el estudio “Dereito à defesa e á proporcionalidade”  en Brasil, se muestran datos reveladores: un ciudadano que responde con un arma de fuego ante una agresión tiene 180 veces más probabilidades de ser asesinado. De igual manera, el poseer un arma en casa aumenta en un 57 por ciento la posibilidad de sufrir consecuencias fatales.

Por su parte, instituciones como el Centre Delás de Estudios por la Paz, Amnistía Internacional y Oxfam han mostrado la relación entre armas de fuego en casa y feminicidios. Según estas cifras, el 70 por ciento de las armas en el mundo se encuentran de manera legal en manos de particulares, de los cuales 99 por ciento son hombres. El hecho de tener una arma de fuego en el hogar aumenta en un 41 porciento el riesgo de que algún miembro de la familia sea victimizado, y en el caso de las mujeres la probabilidad de que sea asesinada se triplica.

En México, por su parte, el estudio de Villalta “Los factores de la violencia durante el delito en México: armas de fuego, momento del día y experiencia criminal “ (2009) muestra la relación entre el uso de violencia en la comisión de un delito y la portación armas de fuego. El académico realizó un análisis de asociación de variables donde muestra cómo entre muchos factores, de contexto familiar y de aspectos individuales, la portación de pistolas o fusiles por quien comete un delito tiene una estrecha relación en la posibilidad de que se dañe a las víctimas.

El autor concluye: “las recomendaciones de política que incluye este estudio son un control de armas estricto, una vigilancia eficaz y un impulso a campañas de comunicación y prevención de la violencia y la vida del criminal”.

 

Las experiencias en México

Respecto a experiencias mexicanas de reacciones armadas de civiles ante la escalada de violencia en sus comunidades, Salvador Maldonado ha estudiado muy de cerca la formación y evolución de los grupos de autodefensas en Michoacán y considera que presentan importantes lecciones para otras regiones, como es el caso Sinaloa. Para el antropólogo, estos movimientos que iniciaron con un gran apoyo ciudadano, enraizado en el hartazgo por la violencia, y apoyado por fuertes grupos empresariales, ha “transitado por un camino sinuoso y demasiado pedregoso”. Se ha perdido gran parte del soporte ciudadano por las diferencias internas que han debilitado los grupos por infiltraciones, rivalidades y también abusos cometidos por ellos mismos.

Uno de los grandes problemas de los grupos de autodefensas está en la regulación; al permanecer al margen de la ley, y al carecer de controles para que se vigile y sancione el comportamiento de sus propios miembros, pone en situación vulnerable al resto de los ciudadanos. El informe de la Comisión de los Derechos Humanos de México (2016) mostró que entre el 2006 y el 2014 descendieron los homicidios y los secuestros en las regiones con autodefensas, con respecto a las que no tienen este tipo de organización, pero no así los abusos sexuales a mujeres y las extorsiones, que mantuvieron en ambos casos tasas alarmantes.

Pero además, estos grupos que se sumaron a la ya compleja lista de actores que ejercen el dominio por medio de la fuerza, fueron frágiles ante infiltraciones del narcotráfico  en una sociedad donde las delimitaciones entre quienes participan en el narco y quienes no son muy difusas. Sumado a esto, la intervención del gobierno federal fue poco decidida y “permitió que el conflicto escalara y los grupos proliferaran”.

Según los testimonios de los habitantes de la Ruana, en los inicios del movimiento de autodefensas en ese sitio los militantes portaban machetes y “armas de chispa”, pero que el conflicto escaló a niveles alarmantes cuando comenzaron a decomisar armas de fuego de los Caballeros Templarios, y fueron entrenados por los mismos militares para que los apoyaras en el combate al narcotráfico. El informe concluye, después de mostrar datos y testimonios, que la autoridad tiene “responsabilidad por omisión” por la impunidad que llevó a los ciudadanos a ejercer la fuerza para defenderse, pero también por haberles permito tomar las armas y no intervenir a tiempo.

A pesar de la evidencia en relación a las armas de fuego como factor agravante de la violencia en contextos como los de nuestro país, agrupaciones pro armamentistas como la Asociación Mexicana del Rifle y la Asociación Mexicana de Usuarios de Armas de Fuego presentaron en los pasados meses una iniciativa de ley ante la Cámara de Diputados mayores facilidades para la portación de armas. Estas voces argumentan que si permitimos que ciudadanos capacitados estén armados en todo lugar se inhibirá la comisión de delitos.

En el centro del debate se encuentra por un lado la imperante impunidad y la incapacidad del gobierno para garantizar la seguridad, y por otro lado, la necesidad de los ciudadanos por tomar acción para participar en las labores de protección. Quizás es momento de replantear las estrategias de seguridad, como han estado urgiendo los diferentes grupos, y encontrar formas en que podamos todos compartir responsabilidad en este tema y participar en el autocuidado, sin que esto implique contribuir a la proliferación de armas o establecer negociaciones con delincuentes. La vieja concepción del monopolio de la violencia por el Estado se ha vuelto una idea de risa cuando observamos la cantidad de actores que ejercen la fuerza sin que parezca haber protección para el resto de los ciudadanos. Nos toca pensar en nuevas formas de seguridad, como bien dijo el dramaturgo Bernard Shaw “la imaginación es el principio de la creación”. Construyamos nuevas alternativas.