BIFOCAL | Prohibido bajar el sueldo

Por Joel Salomón

Elafiche.mx/ Económicamente, el inicio del presente año ha sido uno de los más aciagos. Tal vez equiparable sólo a 1995 con su “error de diciembre” o 1994 con la irrupción de la guerrilla zapatista en el marco del inicio del Tratado de Libre Comercio con EU y Canadá, y el alud de subsecuentes acontecimientos políticos lamentables.

Iniciamos 2017 con el llamado gasolinazo (14% de aumento a la magna y 20% a la Premium), un incremento a los combustibles de proporciones inéditas en el país que francamente nos hicieron ver con nostalgia los (en su momento) vilipendiados aumentos mensuales que aplicaba el gobierno de Felipe Calderón.

La ganas de atemperar el (mal) momento por el presidente Enrique Peña Nieto no se hicieron esperar, y el 9 de enero convoca a los representantes de los sectores público y privado a la firma del Acuerdo para el fortalecimiento económico y la protección de la economía familiar, seguramente inspirado en los míticos Pactos de Solidaridad Económica que el ex presidente Carlos Salinas firmaba con los sindicatos y empresarios para mitigar los estragos de la crisis ochentera.

Viene a colación este preámbulo, porque en uno de los apartados de dicho Pacto el presidente Peña Nieto hace una propuesta que dio pie una interesante polémica jurídica: es legal la reducción del salario de los servidores públicos?

El planteamiento del presidente Peña fue el siguiente: “Adicionalmente a los ajustes aprobados por el Poder Legislativo, el Gobierno de la República establecerá otras medidas de austeridad, incluyendo reducir en 10% la partida de sueldos y salarios de servidores públicos de mando superior de dependencias federales, sin que estas medidas afecten los programas sociales. • Se exhorta a los otros Poderes de la Federación, a los Organismos Autónomos, así como a los Gobiernos Locales, para que adopten medidas similares.”

Uno de los primeros funcionarios en hacer eco a este llamado a la austeridad, fue el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, quien en conferencia de prensa anunció que la institución que preside devolvería a la Tesorería de la Federación 1,070 millones de pesos presupuestados para construir un edificio y se unía a la causa disminuyendo en 10% el salario de los consejeros electorales y miembros de la Junta General Ejecutiva, como consta en el acuerdo de dicha instancia INE/JGE/2017 del 25 de enero pasado.

Era, digamos, lo políticamente correcto. Un gesto solidario con la nación, sumamente popular, dado el ambiente de justa irritación que prevalecía tanto en la opinión pública como en la opinión publicada.

Sin embargo la nota anticlimática vino precisamente de adentro de la máxima autoridad electoral. El consejero Benito Nacif, un académico con reconocimiento y además persona ubicada dentro de la sensatez y la cordura, daba la nota oponiéndose a la reducción de su salario e interponiendo un medio de impugnación ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Fue la única voz que se atrevió a disentir en todo el sector público nacional.

No estar por demás subrayarlo. Se le vino una avalancha de mala prensa y epítetos diversos. Máxime si consideramos que gana el nada común sueldo de 177 mil pesos mensuales. De avaro, egoísta, insensible et al, no lo bajaron. Me tocó escuchar en MVS, en el programa de radio matutino de Luis Cárdenas, una de las primeras entrevistas que da para explicar lo que era una decisión no nada más polémica sino absolutamente a contracorriente.

Como radioescucha, a priori desaprobaba su evidente falta de sensibilidad, escudándose en la poca efectividad de la medida y sobre todo en la ausencia de bases jurídicas para aplicarla. Y en esto último, sin compartirla, debo reconocer que su argumentación no me pareció descabellada ni carente de bases.

El consejero Nacif estaba solicitando al Tribunal Electoral se pronunciara sobre tres aspectos torales: si la disminución al salario transgrede lo dispuesto en la Constitución (artículos 5, 123 y 127) y viola los principios constitucionales de certeza y legalidad que deben regir la actuación del INE.

Qué dicen al respecto dichos artículos. Siendo honestos, lo que Benito Nacif precisamente estaba alegando. Hago las citas textuales específicas: Artículo 5, párrafo 1: “Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial”. Artículo 123, Apartado B, Fracción IV: “Los salarios serán fijados en los presupuestos respectivos sin que su cuantía pueda ser disminuida durante la vigencia de estos”. Artículo 127, primer párrafo: “Los servidores públicos recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión que deberá ser proporcional a sus responsabilidades”.

Es decir, y de acuerdo a la Constitución, el salario no solamente es irrenunciable sino que nadie te lo puede reducir, menos confiscar.

Finalmente la osadía, valentía, tozudez o “amor por la legalidad” del consejero Nacif, o como se le quiera llamar, obtuvo el respaldo unánime de los magistrados de la Sala superior del Tribunal Electoral y revocaron la medida de la Junta General Ejecutiva del INE.

En la sesión del 9 de marzo pasado, al analizar el expediente identificado con las siglas SUP-JE-16/2017, la máxima instancia jurisdiccional en materia electoral resuelve el caso de manera clara en el considerando octavo de su sentencia: “La Junta General Ejecutiva carece de competencia legal para emitir los acuerdos reclamados, por lo que se declara su invalidez lisa y llana”.

Hago la cita textual del considerando octavo porque es importante subrayar que el Tribunal invalida la resolución por falta de competencia legal de la Junta General Ejecutiva. Algo que Benito Nacif, cabe precisar, también cuestionaba, pues la máxima instancia del INE es el Consejo General y allí debió darse el debate en primera instancia y no en el área administrativa del INE.

Realmente el Tribunal no entró a resolver el fondo del asunto: la irreductibilidad e irrenunciabilidad de la remuneración de un servidor público, aunque hay muchos visos en el cuerpo de la sentencia de su evidente simpatía con tales principios. La justificación que aluden es que la doctrina jurídica considera irrelevante profundizar en una resolución que ya ha sido calificada como inválida, pues para los magistrados es “ocioso abundar en los demás conceptos de anulación de fondo (los artículos constitucionales) porque no puede invalidarse un acto que ha sido legalmente destruido, de ahí que en la especie a nada práctico conduzca el examen del resto de agravios externados por el actor”.

Por lo pronto, este es un buen precedente que seguramente va a gravitar muy fuerte cuando nuevamente una autoridad pública pretenda aplicar una disminución de sueldos por el motivo que sea, solidaridad con una causa noble o simples políticas de austeridad republicana.

* Economista y abogado.

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